Conversación con el experto independiente sobre SOGI – ONU

El pasado 29 de mayo Red Somos participó en espacio organizado por Fundación Gaat con el experto independiente Sr. Graeme Reid de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género (SOGI). Al respecto nuestra participación estuvo enfocada en los temas de salud que afectan a la población LGBTIQ+ y que siguen siendo persistentes.

Colombia, el movimiento LGBTIQ+ ha logrado avances significativos en términos de visibilidad, políticas públicas y reconocimiento jurídico. Sin embargo, el acceso pleno y digno a la salud sigue siendo una deuda pendiente con estas comunidades. A pesar de que el derecho a la salud sin discriminación está contemplado en la ley, en la práctica persisten barreras estructurales, prejuicios institucionales y una cultura médica que muchas veces ignora o patologiza la diversidad sexual y de género.

Las personas LGBTIQ+ enfrentan diversas formas de violencia en los espacios de atención en salud. Desde la negación de servicios y diagnósticos erróneos, hasta la exposición involuntaria de su orientación sexual o identidad de género. Estas prácticas, más allá del estigma, constituyen formas de violencia institucional que vulneran los derechos fundamentales y afectan profundamente el bienestar físico y emocional de quienes las padecen.

Derecho a la salud de la población LGBTIQ+ en Colombia: retos persistentes

En Colombia, el acceso a la salud para las personas LGBTIQ+ continúa siendo una lucha pendiente. Aunque existen marcos normativos que reconocen el derecho a la salud sin discriminación, en la práctica, este derecho se ve vulnerado por barreras estructurales, prejuicios institucionales y una cultura médica que muchas veces ignora o patologiza la diversidad sexual y de género.

Las personas LGBTIQ+ enfrentan múltiples formas de violencia en los espacios de atención en salud: desde negación de servicios y diagnósticos erróneos hasta la exposición involuntaria de su orientación sexual, identidad o diagnóstico. Estas prácticas no solo son expresión de estigma: configuran una forma de violencia institucional que vulnera sistemáticamente sus derechos fundamentales y deteriora su bienestar integral.

Uno de los impactos más profundos y menos visibilizados de estas violencias es en la salud mental. Vivir en alerta constante frente a la posibilidad de ser maltratado/a o invalidado/a en los servicios médicos, sumado a la discriminación estructural en otros ámbitos de la vida (educación, familia, trabajo, seguridad), genera altos niveles de ansiedad, estrés crónico, depresión y otras afectaciones emocionales. Esto se agrava por la falta de servicios psicosociales con enfoque afirmativo, así como por la ausencia de protocolos que entiendan las necesidades particulares de las personas LGBTIQ+.

VIH: un problema de derechos humanos y salud pública

El VIH/Sida sigue siendo uno de los principales retos de salud para la comunidad LGBTIQ+, especialmente para las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Según la Cuenta de Alto Costo 2024 y estudios previos, las tasas de incidencia en estos grupos son significativamente mayores que en la población general. Esta situación no es consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, sino de barreras estructurales que dificultan el acceso oportuno y efectivo a servicios de salud.

Los últimos estudios de prevalencia de 2019 nos indican:

•        La prevalencia de VIH en mujeres trans: Medellín (22,3%), Bogotá (29%) y Cali (18,8%).

•        La prevalencia de VIH en HSH: Medellín (11,4%), Bogotá (26,4%) y Cali (23,4%).

El acceso a herramientas clave como la profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP) aún enfrenta serias limitaciones, incluyendo la necesidad de exagerar síntomas o riesgos para obtener atención. Se requiere una acción decidida y sostenida que parta del reconocimiento de estas poblaciones como sujetos de derechos, y no como "poblaciones de riesgo".

Estigma, confidencialidad y miedo

La falta de formación del personal de salud, el estigma y la discriminación institucional continúan agravando la situación. El Índice de Estigma y Discriminación en personas que viven con VIH (PVVIH), publicado en 2021 por RED SOMOS y el Ministerio de Salud, muestra datos preocupantes:

•        El 22,2% de las personas no se sienten seguras de que su diagnóstico no haya sido revelado sin consentimiento, y el 9,9% sabe que esto ocurrió.

•        El 27,2% desconoce si su historia clínica es verdaderamente confidencial.

•        El 21,4% de las personas PVVIH que han sido agredidas reportaron que la agresión estuvo relacionada con su diagnóstico.

•        El 11,6% evita acudir a servicios de salud por miedo a ser discriminadas.

•        Personas LGBTIQ+ con VIH reportan discriminación por orientación sexual: 13,2% de personas bisexuales y 14,9% homosexuales.

Además, se reporta con frecuencia la negación del uso del nombre identitario a personas trans, comentarios moralizantes y prácticas que deslegitiman sus vivencias. Estas violencias simbólicas y estructurales expulsan a estas personas del sistema de salud y vulneran gravemente sus derechos fundamentales.

Crisis por suspensión de fondos internacionales

A comienzos de 2025, la suspensión del financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos afectó gravemente los programas de salud para población LGBTIQ+ en Colombia. En el caso de Red Somos, esto implicó dejar sin acceso a tratamiento antirretroviral a más de 300 personas migrantes y sin PrEP a otras 275. Detrás de estas cifras hay vidas reales en riesgo de enfermedad y muerte.

¿Qué se necesita para una atención digna?

Garantizar el acceso digno y equitativo a la salud para personas LGBTIQ+ requiere acciones concretas, entre ellas:

• Protocolos de atención diferenciados y libres de visiones binarias o heteronormativas.

• Programas de salud sexual y reproductiva que respondan a las prácticas y contextos reales de estas poblaciones.

• Atención integral en salud mental con enfoque afirmativo.

• Formación obligatoria para el personal de salud en diversidad sexual y de género.

• Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y sanción frente a actos de discriminación.

• Articulación con organizaciones comunitarias que generan confianza y acompañamiento.

Una deuda histórica

El acceso a la salud para la población LGBTIQ+ no es solo una obligación legal del Estado colombiano: es una deuda histórica. Superarla exige voluntad política, decisiones basadas en evidencia y, sobre todo, humanidad. La salud debe ser un derecho para todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.